El Estado Busca Avanzar en el Control de la Minería
En la lucha que el Estado ha emprendido para controlar la minería ilegal y formalizar el sector, una política más aparece. Se trata del proceso de actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, que deben efectuar el 83% de los municipios mineros y petroleros del país.
Según el director del Departamento Nacional de Planeación, DNP, Simón Gaviria Muñoz, en Colombia hay 111 municipios considerados los mayores productores de minerales y petróleo. De estos, 92 tienen el POT desactualizado, haciendo que la distribución del territorio sea ineficiente y genere rezagos económicos y sociales en el largo plazo. La situación tiene sentido si se tiene en cuenta que es mejor direccionar adecuadamente en vez de aplicar correcciones, caso que llevaría a la duplicidad de gastos y causar daños en algunos casos irreparables, como ocurre con la minería desorganizada.
El proceso de actualización cuenta con una primera etapa que incluye quince municipios, tres de ellos productores de oro: Guapi y Timbiquí en el departamento del Cauca y Quibdó en el Chocó. Los otros doce productores de petróleo: Acacías, Barranca de Upía y Cabuyaro en el Meta, Aguachica en Cesar, Ariguaní en el Magdalena, Barrancabermeja, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí en Santander, Chinácota en Norte de Santander, Orito y Valle del Guamuez en Putumayo, y Orocué en el Casanare.
En el desarrollo de este proyecto no solo se busca la actualización de los POT, sino también, que estos sean acordes con el Plan Nacional de Ordenamiento Minero, PNOM, el cual define constitucionalmente las áreas de reserva minera. Sobre este punto específico se tiene que la idea inicial es buena, dado que se logra un inventario del territorio apto para explotación, planificación municipal y diagnóstico ambiental. Pero queda en cuestión ¿son los POT municipales los que se deben ajustar al PNOM o viceversa?
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